SCJ pide prorrogar instalación de juzgados por violencia de género


La Suprema Corte de Justicia envió al Parlamento un anteproyecto de ley para “prorrogar la fecha establecida para la efectiva instalación”  de los juzgados especializados en violencia de género en el interior del país.

La instauración de estos juzgados estaba pendiente desde que en 2017 se aprobó la Ley Integral Contra la Violencia Basada en Género. En la Ley de Presupuesto Nacional aprobada en diciembre de 2020, se dispuso la instalación de las tres nuevas sedes en el interior del país, que deberían comenzar a funcionar en julio de 2021.

En los últimos días la Suprema Corte de Justicia solicitó una prórroga hasta el 1 de julio de 2022, según informaron Búsqueda y la diaria. La Corte entiende que “en el actual marco presupuestal y competencial” es imposible cumplir con el plazo establecido.

Sin embargo, de acuerdo al anteproyecto remitido al Parlamento, la institución está dispuesta a cumplir con los plazos si entendiera que se dan «las condiciones materiales necesarias». A su vez, la Suprema Corete de Justicia argumenta que en anteriores oportunidades «puso de manifiesto que resultaba imposible la instalación y puesta en funcionamiento de los referidos juzgados” y que el Poder Judicial ha dicho que «resulta imprescindible contar con locales adecuados».

El organismo presidido por Tabaré Sosa indicó que “realizó gestiones con varios gobiernos departamentales para obtener locales a través de contratos de comodato». Sin embargo, según el texto, estas diligencias «aún se encuentran en trámite y, de concretarse, corresponde luego proceder a su acondicionamiento y adaptación, lo que insumirá un tiempo adicional que se estima en 12 meses”.

La vicepresidenta Beatriz Argimón aseguró esta semana que los tres juzgados especializados «efectivamente» se instalarían en San Carlos (Maldonado), Paysandú y Rivera.

El tema generó debate durante la discusión presupuestal ya que inicialmente el Poder Ejecutivo no previó dinero para estas sedes, que estaban pendientes desde que se aprobó la ley de 2017. A raíz del trabajo en comisión y de la intervención de Argimón, el gobierno finalmente reasignó $ 57.000.000 para instalar y poner en marcha los juzgados en julio de 2021. El texto presentado por la Suprema Corte de Justicia va a ser tratado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

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